Chad bajo presión: refugiados sudaneses, conflictos entre agricultores y pastores y cambio climático

Chad es uno de los países del mundo más vulnerables y expuestos al cambio climático. Su territorio, en gran parte desértico o semiárido, es especialmente vulnerable a la desertificación y a la degradación del suelo. Este es el país que acoge en su territorio a más de un millón de refugiados sudaneses y que, al mismo tiempo, debe hacer frente a persistentes conflictos entre agricultores y pastores.

Refugiados sudaneses

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde el comienzo de la guerra en Sudán, el 15 de abril de 2023, entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), más de 900.000 personas han huido a Chad. En total, el país acoge aproximadamente a 1,3 millones de refugiados sudaneses, incluidos aquellos que ya se encontraban en su territorio antes del estallido del conflicto.

La guerra ha provocado miles de víctimas y una catástrofe humanitaria caracterizada por el hambre, la violencia y los desplazamientos forzosos de población. Las estimaciones sobre el número de muertos varían considerablemente (algunas hablan de 200.000) y, por el momento, no permiten establecer una cifra definitiva. Según datos de las Naciones Unidas, aproximadamente 11,3 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto: más de 6,4 millones se encuentran desplazadas dentro de Sudán, mientras que más de 3,5 millones han buscado refugio en los países vecinos.

Chad tiene dificultades para garantizar la acogida y la asistencia a esta población. La financiación internacional es insuficiente para responder a las enormes necesidades humanitarias, mientras que el conflicto en Sudán continúa y se multiplican los testimonios de violencia y abusos.

ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierten de que la escasez de recursos está comprometiendo el acceso de los refugiados a la ayuda esencial, como alimentos, agua, alojamiento, protección y asistencia sanitaria.

«La asistencia esencial a los refugiados en Chad se reducirá aún más en los próximos meses, a menos que se cubra un déficit de financiación de 428 millones de dólares: 289 millones para ACNUR y 139 millones para el PMA», advirtieron ambas agencias de las Naciones Unidas.

A pesar de la creciente presión sobre unos recursos ya limitados, las autoridades chadianas mantienen abiertas sus fronteras y las comunidades locales siguen acogiendo a los recién llegados, entre ellos cerca de 15.000 personas que han llegado desde principios de 2026.

Además, más de 243.000 personas permanecen todavía en las zonas fronterizas orientales, a la espera de ser trasladadas a asentamientos más seguros en el interior del país, debido a la insuficiencia de los fondos disponibles. Muchas familias duermen al aire libre o en refugios improvisados, expuestas a enfermedades, a la inseguridad y a condiciones climáticas extremas.

El PMA, que presta asistencia a más de un millón de personas en las zonas que acogen a los refugiados, dispone de menos de la mitad de los recursos necesarios y ya se ha visto obligado a reducir a la mitad la ayuda alimentaria destinada a la mayoría de los refugiados.

«Las mujeres y los niños pequeños sufren las consecuencias de manera desproporcionada e inmediata, ya que los servicios de atención nutricional destinados a los recién llegados están sometidos a una enorme presión», señaló la agencia.

Chad, que continúa manteniendo abiertas sus fronteras, pide a la comunidad internacional un reparto más equitativo de las responsabilidades antes de que la situación humanitaria se deteriore aún más.

En los últimos meses, Chad también ha registrado varios ataques con drones en su territorio. El último incidente mortal tuvo lugar el 19 de octubre de 2026, cuando un dron impactó en la localidad de Bamina, en la provincia de Wadi Fira, cerca de la frontera con Sudán, causando cuatro muertos y 14 heridos. El Gobierno chadiano anunció la apertura de una investigación para determinar las responsabilidades y descartó que el dron perteneciera al ejército nacional.

Chad, que comparte con Sudán una frontera de aproximadamente 1.400 kilómetros, advierte regularmente del riesgo de que la guerra civil sudanesa se extienda a su territorio y de las violaciones de su soberanía.

Conflictos entre agricultores y pastores

Hablar de los conflictos entre agricultores y pastores en Chad significa abordar solamente una parte de las tensiones que atraviesan el país. Existen muchas otras, como los conflictos intercomunitarios y las disputas por la tierra, que continúan desestabilizando la paz y la cohesión social.

Aunque las raíces de los conflictos entre agricultores y pastores en Chad se remontan al menos a finales de los años setenta, fue sobre todo a partir de la década de 1990 cuando adquirieron dimensiones cada vez más preocupantes, hasta convertirse en una cuestión de gran actualidad.

Estos conflictos enfrentan a menudo a los agricultores, dedicados al cultivo de cereales y legumbres, con los pastores, que desplazan sus rebaños en busca de pastos y agua. El cambio climático y la sequía empujan con frecuencia a los pastores de las regiones septentrionales, predominantemente sahelianas, a desplazarse hacia el sur, adelantando e intensificando los movimientos de trashumancia. Durante estos desplazamientos, el ganado puede invadir y destruir los campos cultivados por los agricultores. Estos episodios suelen provocar enfrentamientos violentos, con heridos y víctimas mortales.

Los conflictos intercomunitarios representan una amenaza cada vez más preocupante para la convivencia pacífica. En numerosas provincias se registran tensiones recurrentes, especialmente por cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra y el uso de los recursos agrícolas, forestales y pastoriles. A ello contribuyen la falta de confianza mutua y, según las denuncias de diversos actores locales, los intereses económicos de algunos operadores del sector agroalimentario, acusados de intentar arrebatar las tierras a los pequeños agricultores. Este es también uno de los temores planteados en relación con el proyecto de Código Pastoral, que actualmente se encuentra en proceso de revisión.

Una apropiación de tierras de esta naturaleza no constituye únicamente una violación de la dignidad de las personas, especialmente de las más pobres, sino también un pecado contra Dios.

A estas tensiones se suma un problema aún más profundo: la parcialidad en la resolución de los conflictos intercomunitarios. Cuando la pertenencia étnica, religiosa, regional o política de la víctima o del presunto responsable prevalece sobre la búsqueda de la verdad, la justicia pierde credibilidad. Un conflicto abordado de manera parcial no se resuelve realmente: simplemente se aplaza.

Con demasiada frecuencia, las decisiones parecen estar condicionadas por el favoritismo, la corrupción y el clientelismo, tanto en la gestión de los procedimientos administrativos como en la administración de justicia. Esta situación, que se prolonga desde hace demasiado tiempo, hace extremadamente difícil construir una verdadera cohesión social.

Es necesario que estos conflictos se aborden con imparcialidad y equidad, para que se haga justicia a las víctimas sin discriminaciones ni favoritismos. Como nos recuerda la Escritura: «El Señor escucha el clamor de los pobres» (cf. Salmo 34, 7).

Las causas de estos conflictos recurrentes son numerosas. Entre las principales cabe señalar el bloqueo de los corredores de trashumancia, el progresivo asentamiento de los pastores, la creciente presión sobre las tierras y, sobre todo, las deficiencias de la gobernanza.

La falta de neutralidad de algunos administradores locales —que en ocasiones son ellos mismos propietarios de ganado—, los retrasos en la intervención de las fuerzas del orden y la ineficacia de los mecanismos tradicionales de mediación alimentan un sentimiento generalizado de injusticia e impunidad, denunciado repetidamente por las comunidades afectadas.

Las consecuencias son graves: violencia reiterada y pérdida de vidas humanas. Los enfrentamientos provocan muertos, heridos e incendios de viviendas, como ocurre, por ejemplo, en las provincias del sur de Chad, entre ellas Logone Oriental y Moyen-Chari. La destrucción de las cosechas, la inseguridad en las zonas rurales y la pérdida de tierras cultivables agravan además la crisis alimentaria y comprometen seriamente la producción agrícola local.

En las últimas décadas, estas violencias también se han intensificado debido al cambio climático, la progresiva reducción de los pastos en las regiones septentrionales, los desplazamientos y el asentamiento de los pastores hacia el sur, así como la creciente presión demográfica.

Cambio climático

Chad se encuentra entre los países más vulnerables al calentamiento global. La región del Sahel, de la que forma parte, se está calentando a un ritmo aproximadamente 1,5 veces superior a la media mundial.

El país presenta tres grandes zonas climáticas: el norte sahariano, caracterizado por un clima desértico y por la presencia del macizo del Tibesti; el centro saheliano, una zona de transición semiárida; y el sur sudanés, más fértil y atravesado por los ríos Chari y Logone. Incluso esta última región, tradicionalmente más favorable a las actividades agrícolas, se ve afectada por la irregularidad de las precipitaciones y los cambios en los patrones de lluvia.

El lago Chad, situado en la parte occidental del país y compartido con Níger, Nigeria y Camerún, está especialmente expuesto a los efectos del cambio climático y de la degradación medioambiental. Constituye un recurso vital para la pesca, la agricultura y la ganadería, así como para el sustento de millones de personas que viven en la cuenca del lago.

El deterioro de las condiciones medioambientales, la alternancia de sequías y precipitaciones irregulares y la creciente presión sobre los recursos naturales siguen comprometiendo los medios de subsistencia, dañando las cosechas y alimentando los desplazamientos de población, especialmente en las regiones más vulnerables del país.

La actual crisis climática tiene, por tanto, profundas consecuencias humanitarias y socioeconómicas para la población chadiana.

El país está expuesto a períodos de sequía grave y a precipitaciones irregulares que comprometen la producción agrícola. A ello se suman las inundaciones que, en varias provincias, destruyen campos de cultivo y viviendas, agravando aún más la vulnerabilidad de las comunidades.

La disminución de los rendimientos agrícolas y la reducción de los recursos disponibles para la ganadería empujan a numerosas comunidades rurales hacia una situación de inseguridad alimentaria crónica. Los conflictos intercomunitarios reducen todavía más la disponibilidad de tierras cultivables y de pastos, y obligan a los pastores a modificar los desplazamientos de sus rebaños, intensificando así las tensiones con los agricultores.

Las crecientes dificultades para subsistir obligan a algunas familias a abandonar las actividades agrícolas y dejar sus aldeas y lugares de origen en busca de condiciones de vida más seguras y de nuevas oportunidades.

P. Ngore Gali Célestin, mccj