Ética, transparencia, sostenibilidad y responsabilidad en la gestión económica del Instituto

En primer lugar, deseo daros una cordial bienvenida y agradeceros vuestra presencia. Quiero expresar un agradecimiento especial a cada uno de vosotros por haber aceptado el servicio de ecónomo, una responsabilidad exigente que requiere competencia, dedicación, precisión y un profundo sentido de la responsabilidad.

Vuestra contribución es muy valiosa, porque ayuda a los superiores y a sus respectivos Consejos a tomar decisiones bien fundamentadas, identificar prioridades y administrar correctamente los bienes que se nos han confiado.

Nuestro encuentro pretende ser no solo un momento de actualización técnica, sino también una oportunidad para compartir una visión común del papel del ecónomo y renovar nuestro compromiso con una gestión ética, transparente y sostenible, siempre al servicio de la misión del Instituto.

Quisiera comenzar con una convicción fundamental: la economía no es una dimensión separada de la misión del Instituto, sino un componente esencial para llevarla a cabo.

Los recursos económicos y patrimoniales no son un fin en sí mismos, sino instrumentos al servicio de la vida del Instituto, de las comunidades, de la formación y de las actividades pastorales y misioneras. Son también fruto de la generosidad y de la confianza de muchas personas. Por tanto, la manera en que los administramos refleja nuestras prioridades y la responsabilidad que tenemos con respecto a la misión.

La dimensión ética de la gestión económica

Toda decisión económica debe evaluarse no solo en función de su corrección contable o formal, sino también teniendo en cuenta su necesidad, proporcionalidad, sostenibilidad y coherencia con las prioridades del Instituto.

Estamos llamados a evitar una gestión arbitraria o personal de los bienes, los gastos insuficientemente justificados y las decisiones que no respeten los procedimientos establecidos. Debemos prestar especial atención a los posibles conflictos de intereses, a las relaciones con proveedores y colaboradores y a la trazabilidad de las operaciones.

La corrección administrativa no puede depender únicamente de la buena voluntad individual: requiere criterios claros, procedimientos compartidos y responsabilidades bien definidas.

Como personas consagradas, estamos llamados también a vivir una relación libre, responsable y transparente con los bienes materiales, en coherencia con la pobreza evangélica que profesamos.

Nuestra credibilidad depende también de la manera en que administramos el dinero y custodiamos el patrimonio que se nos ha confiado.

La transparencia como cultura institucional

La transparencia no consiste únicamente en presentar balances correctos o cumplir con las obligaciones administrativas. Significa documentar las operaciones, hacer comprensibles las decisiones, compartir la información y garantizar que las decisiones económicas puedan justificarse y verificarse.

Es importante que cada provincia disponga de información actualizada sobre su situación financiera y patrimonial, sus deudas y créditos, los compromisos asumidos y la sostenibilidad de las actividades en curso.

Igualmente importante es que la información circule de manera regular y oportuna entre el ecónomo, el superior provincial, el Consejo y los organismos competentes del Gobierno General. Una comunicación incompleta o tardía puede impedir que las dificultades se detecten a tiempo y que se adopten las medidas adecuadas.

La transparencia debe convertirse en una cultura compartida, en la que la información sea fiable, las decisiones estén documentadas y las responsabilidades sean claramente identificables.

La sostenibilidad económica: responsabilidad con el presente y el futuro

No podemos limitarnos a comprobar si hoy disponemos de los recursos necesarios para sostener nuestras actividades. También debemos preguntarnos si las decisiones que tomamos son sostenibles a lo largo del tiempo y qué consecuencias pueden tener para el futuro de las comunidades y de la misión.

Antes de iniciar un proyecto o asumir un nuevo compromiso económico, es necesario considerar no solo el coste inicial, sino también los gastos de gestión, los recursos necesarios para garantizar su continuidad y el impacto en los presupuestos futuros.

La sostenibilidad no significa simplemente gastar menos o renunciar a nuevas iniciativas, sino utilizar los recursos de manera responsable, establecer prioridades y distinguir entre lo que es necesario y lo que es solamente deseable.

También debemos tener el valor de reconocer cuándo una actividad, una estructura o una inversión ya no son sostenibles y necesitan ser revisadas. Afrontar estas situaciones con realismo significa buscar las mejores condiciones posibles para garantizar la continuidad de la misión.

En este ámbito, el papel del ecónomo es fundamental: mediante el análisis de los balances, la previsión de los flujos financieros y la evaluación de las inversiones, debe ayudar al Gobierno Provincial a comprender no solo lo que es posible hacer hoy, sino también lo que será posible sostener mañana.

Una gestión responsable protege las condiciones económicas necesarias para garantizar la continuidad de la misión en el futuro.

El papel y la responsabilidad del ecónomo provincial

El ecónomo provincial no es simplemente quien registra los ingresos y los gastos, prepara los balances o ejecuta las decisiones del Gobierno de la circunscripción. Está llamado a ofrecer una interpretación competente de la realidad económica, identificar oportunamente las dificultades y contribuir a la toma de decisiones realistas y sostenibles.

Esto requiere competencia técnica, integridad personal, prudencia, autonomía de criterio y capacidad de diálogo.

El ecónomo debe poder señalar cuándo un gasto no es sostenible, una inversión presenta riesgos excesivos o una decisión necesita un análisis más profundo. Su responsabilidad no consiste en sustituir al superior o al Consejo, sino en proporcionarles las condiciones necesarias para que puedan decidir de manera consciente, basándose en datos fiables.

Al mismo tiempo, el superior provincial y su Consejo deben valorar la contribución del ecónomo, implicándolo adecuadamente en los procesos de toma de decisiones y considerando seriamente sus evaluaciones.

Por tanto, es necesario construir una relación de colaboración basada en la confianza, la claridad de las funciones y la responsabilidad compartida. El ecónomo no debe quedar solo ante las dificultades, ni ser considerado el único responsable de la gestión económica de la provincia.

El seguimiento: prevenir, verificar e intervenir

El seguimiento debe convertirse en una herramienta habitual de gobierno, capaz de acompañar las decisiones, verificar su ejecución e identificar oportunamente las posibles dificultades.

Es necesario superar una gestión que interviene únicamente cuando surgen problemas y desarrollar, en cambio, una capacidad de prevención basada en datos actualizados y verificaciones periódicas.

Esto implica controlar los presupuestos preventivos y los balances finales, analizar las desviaciones, supervisar las principales partidas de gastos, las inversiones y los compromisos asumidos a medio y largo plazo. También debe prestarse especial atención al patrimonio inmobiliario, a su conservación y utilización, y a los costes que genera.

No basta con apelar a la honradez personal. Es necesario reforzar los sistemas de control, garantizando que las operaciones estén documentadas, que se respeten las autorizaciones y que, siempre que sea posible, la gestión y la verificación no estén en manos de una misma persona. También son necesarios controles periódicos y verificaciones independientes cuando corresponda.

Las posibles anomalías, las rendiciones de cuentas incompletas o las justificaciones poco convincentes no deben ignorarse, sino examinarse oportunamente, respetando a las personas y los procedimientos institucionales.

Quisiera reafirmar un principio esencial: la confianza no excluye el control, del mismo modo que el control no significa falta de confianza.

Todo hermano que recibe, utiliza o administra recursos del Instituto debe ser consciente de su obligación de rendir cuentas sobre su utilización. La responsabilidad personal no puede sustituirse por el simple hecho de confiar recursos a alguien.

El seguimiento cumple, por tanto, una doble función: prevenir abusos e irregularidades, pero también mejorar la gestión de los recursos y consolidar buenas prácticas administrativas. Por esta razón, es indispensable un flujo regular, completo y oportuno de información entre los ecónomos provinciales, sus respectivos Consejos y el Consejo General.

El proceso de renovación: hacer realidad el cambio

El proceso de renovación del Instituto no puede considerarse una simple adaptación de los procedimientos administrativos o de la contabilidad. Se trata de un proceso más amplio, que afecta a la manera en que conocemos, administramos y aprovechamos los recursos que se nos han confiado.

Requiere un cambio de mentalidad: pasar de una gestión predominantemente reactiva a una gestión planificada; de decisiones aisladas a criterios compartidos; y de un conocimiento parcial de la situación económica a una visión global y realista de los recursos y compromisos.

Esto implica conocer con precisión la situación económica y patrimonial de las circunscripciones, evaluar la sostenibilidad de las actividades, identificar las prioridades y mejorar la calidad de la documentación y de los procedimientos.

Cada circunscripción está llamada a traducir este proceso en objetivos concretos, responsabilidades definidas, plazos de ejecución y evaluaciones periódicas.

La contribución de los ecónomos provinciales es determinante: gracias al conocimiento directo de las situaciones, podéis identificar las prioridades, señalar las dificultades y verificar la aplicación de las decisiones.

Es importante que cada circunscripción pueda presentar claramente el estado de avance de su proceso de renovación, indicando lo que se ha realizado, lo que queda por hacer y las dificultades que requieren el acompañamiento de los organismos competentes.

Por su parte, el Consejo General está llamado a acompañar este proceso, ofrecer orientaciones, promover criterios comunes y verificar el cumplimiento de los compromisos.

El objetivo no es uniformar todas las realidades, sino garantizar que cada una actúe de acuerdo con principios compartidos de responsabilidad, transparencia, sostenibilidad y corrección administrativa.

De las orientaciones a los compromisos verificables

Quisiera concluir destacando la necesidad de traducir estas reflexiones en compromisos concretos. Sería importante que cada uno regresara a su propia circunscripción con algunas prioridades claras:

• Consolidar una cultura de corrección y responsabilidad, garantizando que cada operación esté justificada, documentada y conforme con los procedimientos establecidos.
• Reforzar la transparencia, mediante rendiciones de cuentas completas y oportunas y una comunicación regular con el Gobierno Provincial y los organismos competentes.
• Convertir el seguimiento en una práctica habitual, verificando periódicamente la situación financiera y patrimonial, la evolución de los presupuestos y la aplicación de las decisiones.
• Evaluar de manera realista la sostenibilidad económica, teniendo en cuenta los compromisos presentes y futuros y los costes de gestión de las actividades y estructuras.
• Continuar el proceso de renovación, identificando las prioridades pendientes y definiendo los plazos y las responsabilidades necesarios para abordarlas.

A estos compromisos añadiría una atención especial a la formación de los hermanos. La corrección administrativa no puede confiarse exclusivamente al ecónomo: cada hermano que recibe, utiliza o administra recursos del Instituto debe ser consciente de su propia responsabilidad y de su obligación de rendir cuentas sobre su utilización.

Por tanto, es importante promover, junto con los superiores provinciales, una cultura compartida de responsabilidad, respaldada por procedimientos claros y una formación adecuada.

Finalmente, sería conveniente que cada circunscripción identificara las principales dificultades que todavía quedan pendientes en su proceso de renovación y definiera las acciones necesarias, estableciendo las modalidades y los plazos para su evaluación.

De este modo, nuestro encuentro podrá traducirse en un camino concreto, acompañado de responsabilidades compartidas y resultados verificables.

Muchas gracias a todos.

P. Luigi Codianni, mccj
Superior General